martes, mayo 31, 2011

Corte Suprema e igualdad ante la ley Penas remitidas para criminales y ¿nulidad del juicio a mapuche?

El ministro Hugo Dolmetsch, integrante de la segunda sala que decidirá sobre la nulidad del juicio a los comuneros mapuche.

Con la esperanza y el apoyo del pueblo mapuche y de una parte de la sociedad chilena como único alimento, los cuatro prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre desde hace 80 días, esperan que llegue el 3 de junio. La Corte Suprema informó que ese día dará a conocer el fallo sobre la petición de nulidad del viciado juicio que los condenó a penas de 25 y 20 años. “Si los condenan, nos condenan a todos”, expresan sus familiares. También la Corte se condenaría a sí misma, y evidenciaría incumplimiento de la igualdad ante la ley, a la luz de otros fallos anteriores dictados por esta sala que posibilitaron la libertad para culpables de delitos de lesa humanidad.

Los alegatos terminaron el 16 de mayo, abriendo paso a una prolongada deliberación de los jueces. La huelga de hambre no ha sido para ellos un factor a considerar respecto del plazo fijado para la entrega de la decisión. Los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmetsch y Guillermo Silva, junto a los abogados integrantes Benito Mauriz y Jorge Lagos están analizando los argumentos presentados por los abogados defensores de los líderes mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, que fundamentan la petición de un nuevo juicio para estos condenados de la tierra, sentenciados por delitos no consumados, en el marco del proceso de recuperación de tierras ancestrales y con procedimientos sólo permitidos por la legislación antiterrorista. La defensora penal pública, Paula Vial, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional y Juan Pablo Letelier, vicepresidente del Senado, han expresado su convicción de que el juicio llevado adelante en Cañete debe ser anulado por la Corte Suprema por no cumplir con las normas del debido proceso, mientras el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su abogado, exige la ratificación de las condenas ignorando los compromisos contraídos en la mesa de diálogo el año pasado, que tuvieron como garante a quien ahora ostenta la máxima jerarquía en la iglesia chilena, monseñor Ezzatti.

Historial de la segunda sala
Esta sala de la Corte ha fallado en los últimos 5 años causas por delitos de lesa humanidad, aplicando mayoritariamente criterios de “clemencia” a través de la media prescripción, posibilitando la libertad para violadores de los derechos humanos en lo que ha llegado a conocerse informalmente como la “doctrina Dolmetsch” que supuestamente beneficia a quienes colaboran con la justicia. Ello ha sido severamente criticado por organismos de derechos humanos.
En octubre de 2010, el Presidente Milton Juica llevó adelante un seminario sobre Igualdad y no discriminación que incluyó un panel sobre igualdad y pueblos indígenas. El día 3 de junio quedará en claro si esta capacitación tuvo efectos reales y los ministros de corte aplican un criterio similar en el juicio de Cañete, en que ni siquiera hay hechos de sangre involucrados. ¿Serán capaces los jueces de darle a los cuatro comuneros en total 105 años de cárcel por intentar atentar contra la autoridad, en circunstancias que han dejado en libertad a muchos ex miembros de la CNI y la DINA que cometieron crímenes de lesa humanidad? Existe un historial de sentencias con penas mínimas firmadas por integrantes de la Segunda Sala, en casos no considerados emblemáticos, que beneficiaron a ex uniformados culpables de crímenes como desapariciones y ejecuciones. Las sentencias originales de jueces como el Ministro Alejandro Solís, que investigaron las causas, ratificadas por la Corte de Apelaciones fueron rebajadas considerablemente.

Criminales en libertad
Así fue como el coronel retirado Hugo Guerra y el civil Luis García, responsables de la desaparición de 15 campesinos del complejo maderero Panguipulli (cerca del lago Neltume, en la actual Región de los Lagos) quedaron libres, con pena remitida. Los máximos jefes de la DINA recibieron también pena remitida por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó (1974). Los cuatro carabineros que hicieron desaparecer en Temuco a José San Martín (septiembre 1973), entre otros criminales, fueron amnistiados por esta sala, con una composición diferente a la que tendrá en esta oportunidad. Los asesinos de Gastón Vidaurrazga Manríquez y Felipe Rivera Gajardo (septiembre 1986, después del fallido atentado a Pinochet) quedaron con penas remitidas. Todos los altos oficiales y subalternos involucrados en la Operación Retiro de Televisores para exhumar cuerpos de desaparecidos y lanzarlos al mar, recibieron sentencias de 270 días. También quedaron en libertad los responsables del homicidio de Fernando Vergara Vargas (1984).

Sin embargo en las cárceles chilenas de Temuco, Angol y Los Angeles, 18 mapuches permanecen en prisión sin haber jamás quitado la vida a nadie, y 44 comuneros están procesados –la mayoría por ley antiterrorista- con medidas cautelares mientras se preparan juicios que buscan llevarlos nuevamente a prisión. No hay reparación ni excusas públicas ni programas especiales de Canal 13 o Televisión Nacional para limpiar el honor de la veintena de presos políticos que fueron absueltos de las acusaciones de terrorismo y de todo delito, después de pasar más de un año en prisión. Así es la justicia en Chile para los mapuche. ¿Acaso puede no saberlo la Corte Suprema?

domingo, mayo 29, 2011

Duro emplazamiento al gobierno de familiares de pp mapuche ante posible desenlace fatal

COMUNICADO PUBLICO
DOMINGO 29 DE MAYO DE 2011
Mayo 27 de 2011

Las(o) Familiares de los PPM en huelga de hambre, comunicamos al Pueblo Mapuche y a la opinión nacional e internacional lo siguiente.

1.- A 75 días de iniciada esta movilización responsabilizamos al Gobierno Chileno de todo daño en la salud de nuestros familiares incluyendo, a esta altura, la posibilidad de un desenlace fatal. Responsabilidad que hacemos extensiva a los otros poderes del estado chileno, al Ministerio Público y la Iglesia Católica, en su calidad de garante, que permitieron que la Ley Antiterrorista se continuara aplicando.

2.- Denunciamos que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, no ha brindado las condiciones para el control y monitoreo del estado de salud de nuestros familiares, a quienes tampoco se les ha realizado exámenes para evaluar su real estado. Contando solo con la voluntad del Dr. Juan Carlos Reinao, a quien se le ha hecho caso omiso a sus advertencias, negándole cumplir su rol como profesional de la salud.

3.- Emplazamos al Gobierno Chileno a señalar cuales fueron las pruebas objetivas que llevaron a sus abogados a la convicción de la culpabilidad de nuestros familiares. Les llamamos a demostrar que ellos NO utilizaron la Ley Antiterrorista, como señala el Ministro Larroulet, y que jamás valoraron el testimonio del testigo secreto N° 26 (ex imputado) y el testimonio de oídas entregado por el funcionario de la PDI Sr. Espinoza, después de haber detenido, secuestrado y torturado, por mas de 16 horas, a nuestro familiar Jonathan Huillical. En un país en que se respetan los derechos humanos son los Sres. López Leiva, Espinoza y Agueda, quienes deberían haber sido condenados, no obstante, todos fueron ascendidos.

4.- Señalamos al Gobierno Chileno como el primer responsable de este conflicto político, en tanto que es el poder ejecutivo quien ha reprimido, militarizado y criminalizado la lucha mapuche, por lo que no pueden venir hoy a lavarse las manos.

5.- Por ultimo, queremos señalar que el objetivo de esta huelga de hambre no termina con la Nulidad del Juicio de Cañete, por la Corte Suprema, si no con el compromiso del Estado Chileno de no seguir aplicando la Ley Antiterrorista a los luchadores Mapuche. Esto pasa porque el Ministerio Publico deje de FORMALIZAR por Ley Antiterrorista y el Gobierno deje de querellarse en contra del Pueblo Mapuche y mantenga la neutralidad que dice tener.


FAMILIARES de los presos políticos mapuche Coordinadora Arauco Malleco de comunidades en conflicto CAM

viernes, mayo 27, 2011

Temuco: Rechazan aprobación de Convenio UPOV 91 por Senado afirmando que trasgrede derechos humanos colectivos

Intercambio de semillas en Cholchol

COMUNICADO DESDE TEMUCO
Quienes suscriben, ciudadanos y ciudadanas conscientes, de expresiones sociales desde la Región de la Araucanía, manifestamos nuestro total rechazo a la reciente aprobación del senado chileno para dar luz verde al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) o llamada “Ley Monsanto” y que fue aprobada por los correspondientes senadores. Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN)..
Trasgresión a derechos humanos
Este convenio es un grave atentado a la soberanía de quienes habitamos en Chile, una transgresión a los derechos humanos colectivos, pasando a llevar patrimonios y conocimientos ancestrales, soberanía y seguridad alimentaria, vida rural campesina y comunitaria cuya base en la semillas y su diversidad hoy es entregada a los intereses de transnacionales como Monsanto para la promoción de patentes vegetales, el fomento de transgénicos, el monopolio del comercio y un lucrativo negocio cerrado entre este tipo de transnacionales y sectores empresariales de la agroindustria de origen latifundistas colonialista que concentran el uso y control de la semilla, como la familia de la Ministra Von Baer.

Monsanto es un monstruo de la química transnacional que genera dependencia a la agricultura. Es conocida por producir el herbicida bajo la marca Roundup. También es productor de semillas genéticamente modificadas, causando graves alteraciones y trastornos a las culturas, a la agricultura y a la productividad orgánica en diversos lugares del planeta.
Políticos actúan a espaldas de la ciudadanía
Este convenio que privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla a favor de los grandes capitales, es una demostración más de cómo sectores políticos inescrupulosos continúan tomando decisiones a espalda de la ciudadanía, hipotecando nuestro presente y futuro, comercializando y mercantilizando elementos básicos de subsistencia para una alimentación sana y saludable.
Al respecto, es inconcebible como bienes públicos continúan siendo enajenados para el interés de privados. Ya el 80 % de las aguas de este País han sido entregadas a una transnacional como Endesa; Las largas y majestuosas montañas de esta cordillera de los Andes han sido entregadas para la depredación y contaminación de tierras y aguas a transnacionales mineras como Barrick Gold; Los bordes costeros, la mar, la intervención de ríos para represas, todo absolutamente todo mercantilizado con industrias que vienen causando graves costos territoriales. Ahora son las semillas.

El modelo que nos están imponiendo es depravado, depredador, para nada pensado en quienes realmente vivimos aquí, sino en el lucro insaciable y codicioso de unos cuantos y frente a esto, como ciudadanía consciente, no podemos permitirlo y reaccionamos y exigimos poner fin a este desquiciamiento, a este grave atentado y hacemos responsable directo de esto al gobierno chileno, al oficialismo y a sectores políticos de la concertación.
Poner fin a complicidad con transnacionales
Extendemos esta misiva a quienes dicen representarnos en cargos públicos y los emplazamos a poner fin a este tipo de atrocidades y complicidades. Asimismo, esperamos que los órganos controladores, fiscalizadores y supuestamente autónomos del aparato público actúen de acuerdo a su competencia y facultades ante este acto violatorio.
Lo que ha ocurrido es un dispositivo más de una ofensiva en pro de ciertos sectores que lucran abusivamente en la agro industria y nefastas producciones en desmedro de los intereses colectivos, por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía a reaccionar frente a este grave atentado a nuestra soberanía y revertir esta afrenta.
Suscriben,
Nicole Olate Cisternas,
Freddy Muñoz Mora, Noemí Quezada, Marcos Sepúlveda, y Mauricio Cosio Llaitul, de Revolución de la Cuchara.
Fabián Lira Matus, Red de Permacultura
Alfredo Seguel, Grupo de trabajo por Derechos Colectivos
Enrique Pizarro, Red acción por los derechos ambientales, RADA
Marcelo Sandoval y Deyanira Carrasco Movimiento humanista
Romina Negrón Otárola, Centro educación ambiental intercultural Mapuche
Carolina Ríos Jara, Comparsa Mujeres Espejo
Andrea Coñoecar, Periodista
Leyla Noriega Zegarra, periodista
Catalina Gómez Vega, estudiante
Gino Uribe Alvarez, estudiante
Vicente Castañeda D., estudiante trabajo social
Viviana Huiliñir, Geografía - egresada
Andrés MacAdoo E., Psicólogo
Florence Bayer, ong Conosur
Rayen Huirilef, estudiante
Alexis Montecinos, estudiante
María Belén Silva, estudiante psicopedagogía
Diego Alvear Zuñiga, Trabajador y malabarista
Flabio Zuñiga, estudiante
Giselle Pincheira, estudiante sociología

jueves, mayo 26, 2011

Llamado a Iglesia Católica realizan familiares de pp mapuche

COMUNICADO PUBLICO

Cárcel de Angol, Mayo 26 de 2011
Las (os) FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE comunicamos al Pueblo Mapuche y a la opinión internacional lo siguiente.

1. Nos alegramos de la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que ratificó absolución de nuestros familiares, lo que consideramos un acto de justicia, sin embargo, seguiremos atentas en tanto que aun el Ministerio Publico Militar o los querellantes podrían presentar un recurso de casación a la Corte Suprema dentro de los próximos 15 días.
2. Que denunciamos la complicidad del Gobierno Chileno con el Ministerio Publico para seguir aplicando la Ley Antiterrorista con el objetivo de perseguir políticamente a los luchadores mapuche. Presionando, además, para que no se realice la nulidad de este juicio espurio.
3. Que hacemos un llamado público a la Iglesia Católica a cumplir con su rol de garante de los acuerdos adoptados, con motivo de la huelga de hambre pasada, conformando una Comisión que realice un seguimiento a los próximos juicios a comuneros mapuche para garantizar de que estos no se realicen bajo la Ley Antiterrorista, ni con la utilización de testigos secretos, para lo cual es obligatorio que Ministerio Publico realice una REFORMALIZACION Y RECALIFICACION a la Ley Penal Común, en las Audiencias de Preparación de Juicio Oral.
4. Convocamos a las comunidades y organizaciones mapuche, al pueblo chileno y a las organizaciones solidarias de todo el mundo a una gran Jornada de Solidaridad Internacional para el jueves 2 de junio.
5. Hacemos un llamado a reunirnos a las 11:00 hrs. del día Viernes 3 de Junio en las afueras de la Corte Suprema Chilena en espera de la resolución que será entregada a las 13:00 hrs.

¡¡¡ LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE!!!

¡¡¡JUICIOS JUSTOS!!!

¡¡¡NULIDAD DEL JUICIO DE CAÑETE!!!

martes, mayo 24, 2011

En Quillota manifestaciónn viernes 27 de mayo por Chile libre de transgénicos y agrotóxicos

MANIFESTACIÓN CIUDADANA



¡CHILE LIBRE DE TRANSGÉNICOS Y AGROTÓXICOS!

Viernes 27 de Mayo

Plaza de Armas de Quillota

16:00 hrs. Manifestación por las calles centrales

17:30 Acto Cultural en la Plaza de Quillota

“DEBEN asistir vistiendo una polera NEGRA y una fruta con una jeringa clavada”
ADEMAS de muchos lienzos, carteles y cantos”

“SUMA a tu vecin@s y amig@s . Artistas Voluntarios:



César Seguel

Gopa

Milton Ibacache

Qowasi Dúo





¡FUERA MONSANTO DE CHILE!



¡CHILE LIBRE DE TRANSGÉNICOS!



¡NO MÁS AFECTAD@S POR AGROTÓXICOS!





Convocan y Organizan:



Comunidad de San Pedro – Quillota

Tierra Nueva – Limache

Red Socioambiental de Valparaíso

http://redsocioambientalvalpo.blogspot.com/





APOYA Y DIFUNDE

17 senadores recurren a Tribunal Constitucional por ilegalidad de Convenio UPOV 91

Gido Girardi
Juan Pablo Letelier
Ximena Rincon
Isabel Allende
Soledad Alvear
Camilo Escalona
Fulvio Rosi
Pedro Muñoz
Patricio Walker
Antonio Horvath
Jorge Pizarro
Jose Antonio Gomez
Jaime Quintana
Carlos Bianchi
Mariano Ruiz Esquide

En próximo posteo texto del recurso.

Hoy vista causa mapuche en doble juicio en Corte Apelaciones Concepción

jueves, mayo 19, 2011

Semillas con dueño: la situación actual y perspectivas


Presento aquí el registro de plantas "patentadas", o en lenguaje oficial, plantas registradas por un obtentor, bajo normas del convenio internacional de "protección" de semillas UPOV año 78 y según lo dispuesto en la Ley 19.342, del año 1994, que creó el Registro de Variedades Protegidas. Toda la información es oficial al 31 de Marzo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.
Estas variedades –más de 700 - cuentan con 15 a 18 años de protección según de qué especie se trate. La "protección" es lo que le permite al obtentor (la transnacional o la entidad que inscribió la planta en el registro) cobrar por esa semilla y paulatinamente irla imponiendo en el mercado. Como se verá, la inmensa mayoría de los obtentores son extranjeros, mayoritariamente de Estados Unidos, pero también los hay de Europa, Nueva Zelanda y otros. Ellos registran variedades híbridas pero también podría haber transgénicos para semilleros de exportación, aunque el registro del SAG no explicita esa distinción.
Aprobación ilegal
Recientemente el Senado aprobó la adscripción de Chile al Convenio UPOV 91, una versión actualizada del convenio de “protección” de semillas por el que se rige hasta ahora el país. Pero 10 senadores de la República plantearon al Tribunal Constitucional que esta aprobación fue ilegal en cuanto a los procedimientos, entre otras razones por omitir la consulta a los pueblos indígenas en un asunto que les atañe directamente. Los argumentos del gobierno son que este convenio protege los intereses de los medianos y pequeños agricultores chilenos e innovadores, a contrapelo de lo que ha ocurrido a nivel mundial con las variedades locales después que una transnacional monopoliza la semilla. En la India, por ejemplo, se han perdido miles de variedades de arroz debido a la imposición de las variedades “mejoradas” genéticamente. Las comercializadoras sacan del mercado las semillas tradicionales y deciden vender solo lo que les da mayor rentabilidad: sus semillas registradas.
Esa es la perspectiva de estas industrias que buscan ampliar sus metas de registro, mientras por otra parte en Chile se vive un proceso de fortalecimiento de la agricultura orgánica y en paralelo, cada vez más comunidades campesinas e indígenas e incluso colectivos en huertos urbanos, retoman los métodos agroecológicos y defienden su tierra de los efectos de los agrotóxicos. Ellos y muchos consumidores conscientes y madres preocupadas de la salud de sus hijos e hijas, están de vuelta de la llamada revolución verde que impuso el uso de plaguicidas y fertilizantes y no aceptan su segunda versión verde en clave de transgénicos, propagandizada por las empresas como la solución al problema del hambre y los bajos rendimientos.
Vía Campesina, un movimiento internacional de campesinos y campesinas de carácter autónomo, plural e independiente conformado por 148 organizaciones de 69 países de Asia, Africa, Europa y el continente americano, señala al respecto: “La industria ha ‘mejorado" las semillas para que no puedan ser cultivadas sin la ayuda de productos químicos dañinos, para que sean cosechadas con maquinaria pesada, y que soporten preservación artificial durante las largas distancias de transporte. Pero ha dejado de lado características importantes para nuestra salud …Las semillas han perdido su valor nutricional y están saturadas de venenos químicos; son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.
En cambio, los sistemas campesinos de rescate, revalorización, conservación y adaptación local gracias a la selección y a la reproducción en los campos de los campesinos, así como los intercambios de semillas entre campesinos, mantienen y aumentan la biodiversidad genética del sistema alimentario mundial, y nos confieren también la capacidad y flexibilidad para afrontar ecosistemas diversificados, climas cambiantes y el hambre en el mundo. “
Variedades ya inscritas por Monsanto
En Chile, la insaciable transnacional Monsanto ya tiene inscritas en el Registro de Variedades gestionado por SAG 4 variedades de arveja, una variedad de cilantro, 4 de cebolla, 4 de poroto, 3 de lechuga, 4 de melón, 2 de tomate; a ello se agregan 4 de trébol, 2 de trigo y 3 de ballica (a través de ANASAC, cuya división de semillas pertenece a esa trasnacional).
El registro más numeroso en el país es el de frutales, en el que hay 382 variedades inscritas, la mayoría de ellas por empresas de Estados Unidos cuyo gobierno está entre los principales lobbystas en materia de propiedad intelectual y de transgénicos. Una variedad de damasco registrada por el Ministerio de Agricultura de USA fue autodenominada robada.
Apenas 3 variedades de frutales fueron inscritas por INIA. Todo el resto pertenece a empresas de Canadá, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica, China y países europeos. Esto plantea desde ya dificultades para los investigadores chilenos que quisieran trabajar con plantas ya inscritas.
La uva "chilena"
El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIA, de Chile, sólo ha registrado 2 variedades de vides, en forma provisoria. Cuatro de las variedades de las vides registradas por SAG pertenecen al Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, dentro de un total de 21 registros de empresas del país de Obama. Asimismo existen 3 registros de vides de Israel, 3 de Sudáfrica y 1 de Australia.
Tres variedades de la yerba de San Juan (hiperico), un antidepresivo natural, están registrada por Kolster, de Holanda. En esta sección del registro del SAG no figuran, curiosamente, otras yerbas medicinales. Sí se puede ver que diversas empresas de Holanda han inscrito más de 70 variedades de Lillium oriental.
Especies Agrícolas
Ya están inscritas por otra parte las siguientes especies alimentarias y/o forrajeras: Alcachofa, Arroz , Arveja, Avena, Avena strigosa, Ballica híbrida, Ballica italiana, Ballica inglesa, Bromo, Cebada , Cebolla , Chícharo, Cilantro , Fréjol, Lechuga , Lenteja , Lupino, Maíz, Melón Orégano Papa Pasto ovillo ,Pepino , Quinoa Tomate, Trébol blanco , Trébol rosado, Trébol subterráneo ,Trigo candeal , Trigo panadero Triticale, y Zapallo italiano.
Especies Frutales
Arándano, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraznero, Frambueso, Frutilla, Granado, Interespecífico de Prunus sp, Kiwi Limonero, Mandarino, Mango,
Manzano , Murtilla, Naranjo, Nectarino, Olivo, Palto, Peral, Portainjerto de Prunus sp, y Vid.
Especies Ornamentales
Alstroemeria Cala Crisantemo - Ficus benjamina Ficus elastica Ficus microcarpa Genciana- ristal -Hortensia- Huilli Ilex- Ilusión Lilium oriental-Rosa-Tulipán
Especies Forestales
Eucaliptus, Lenga ambas variedades registradas por el Instituto Forestal, adscrito al Ministrio de Agricultura.
En la web del sag se encuentra la información del detalle de los dueños de estas variedades ya registradas, incluidos además de los ya citados, empresas holandesas (flores), así como universidades y empresas norteamericanas. Esta es solo una parte de la información requerida por los distintos sectores sociales y ambientales activados por los proyectos que están poniendo en peligro la semilla campesina e indígena. Conocer el “estado del arte” de los obtentores actuales permitirá evaluar los futuros escenarios en que deberán actuar las organizaciones campesinas, los consumidores, ambientalistas, y en general quienes están por defender el derecho a que los chilenos dispongamos de alimentos sanos, que correspondan a nuestra cultura y culinaria, en lugar de que se nos imponga una dieta tóxica que beneficiará los bolsillos de las transnacionales que venden semillas transgénicas y plaguicidas.

miércoles, mayo 18, 2011

Las semillas campesinas son patrimonio de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas al servicio de la humanidad


Intercambio de semillas (Trafkintu) en Cholchol, octubre 2010

Declaración de la Vía Campesina sobre las semillas
"Las semillas campesinas son dignidad, cultura y vida: campesinos en resistencia, defendiendo sus derechos respecto de las semillas campesinas.
Hoy en día somos víctimas de una guerra por el control de las semillas. Nuestras agriculturas están amenazadas por industrias que intentan controlar nuestras semillas por todos los medios posibles. El resultado de esta guerra será determinante para el futuro de la humanidad, porque de las semillas dependemos todos y todas para nuestra alimentación cotidiana.
Un actor en esta guerra es la industria de las semillas, de la ingeniería genética, de las tecnologías híbridas y de los productos agroquímicos, que quiere adueñarse de nuestras semillas para multiplicar sus ganancias, obligando a los campesinos a ser consumidores dependientes de sus semillas. Por el otro lado estamos los campesinos y campesinas, que conservamos y reproducimos nuestras semillas a través de nuestros sistemas vivos de semillas locales, campesinas e indígenas, semillas que son patrimonio de nuestros pueblos, custodiadas y reproducidas por mujeres y hombres del campo. Nuestras semillas son una riqueza que ponemos generosamente al servicio de la humanidad.
Robo y despojo de la industria
La industria ha inventado muchas maneras de saquear las semillas para manipularlas, con el fin de marcarlas con sus títulos de propiedad industrial, y entonces obligarnos, a los pueblos campesinos del mundo, a comprar cada año sus semillas privatizadas en lugar de guardar y seleccionar nuestras propias semillas para la siguiente siembra. Sus métodos incluyen las semillas híbridas que no pueden ser reproducidas por los campesinos, los transgénicos, y la propiedad industrial sobre las semillas, patentes o certificados de obtención vegetal que son impuestos a través de tratados internacionales y leyes nacionales. Todos son métodos de robo y despojo, porque todas las semillas de la industria son de hecho el producto de miles de años de selección y cruces realizados por nuestros pueblos. Gracias a nosotros los campesinos, la humanidad cuenta con la gran diversidad de cultivos que, junto con la crianza y la domesticación de animales, hoy alimentan al mundo.
En su afán por crear monopolios y robar la los bienes naturales de los pueblos, las corporaciones y los gobiernos comprados por ellas, ponen en riesgo toda la agricultura y la alimentación de la humanidad. Unas cuantas variedades uniformes reemplazan a miles de variedades locales, erosionando la diversidad genética que sustenta nuestra alimentación. Frente al cambio climático, la diversidad es fortaleza y la uniformidad es debilidad. Las semillas comerciales reducen drásticamente la capacidad de la humanidad para enfrentarse y adaptarse al cambio climático. Por eso hemos señalado que la agricultura campesina, con sus semillas campesinas, contribuye a enfriar el planeta.
Daños al medio ambiente
Bien saben en nuestras comunidades que las semillas híbridas y las semillas transgénicas requieren grandes cantidades de productos agrotóxicos, fertilizantes químicos y agua, lo cual eleva los costos de producción y daña el medio ambiente. Además, son mucho más susceptibles a las sequías, enfermedades y plagas, generando centenares de miles de casos de cosechas destruidas y economías familiares echadas a perder. La industria ha "mejorado" las semillas para que no puedan ser cultivadas sin la ayuda de productos químicos dañinos, para que sean cosechadas con maquinaria pesada, y que soporten preservación artificial durante las largas distancias de transporte. Pero ha dejado de lado características importantes para nuestra salud. El resultado son semillas que han perdido su valor nutricional y están saturadas de venenos químicos. Estas semillas son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.
En cambio, los sistemas campesinos de rescate, revalorización, conservación y adaptación local gracias a la selección y a la reproducción en los campos de los campesinos, así como los intercambios de semillas entre campesinos, mantienen y aumentan la biodiversidad genética del sistema alimentario mundial, y nos confieren también la capacidad y flexibilidad para afrontar ecosistemas diversificados, climas cambiantes y el hambre en el mundo.
Semilla en peligro
Nuestras semillas están más adaptadas a las condiciones de siembra locales, producen alimentos de mejor calidad nutritiva, y funcionan con alta productividad en sistemas agroecológicos sin agrotóxicos ni otros insumos costosos. Pero los híbridos y los transgénicos contaminan nuestras semillas y las ponen en peligro de extinción. Los híbridos reemplazan a nuestras semillas en sus lugares de origen y llevan a su desaparición. La humanidad no puede sobrevivir sin las semillas campesinas, y sin embargo, las semillas de las corporaciones atentan directamente a su existencia.
No debemos equivocarnos. Estamos frente a una guerra por las semillas. Y del resultado depende el futuro de todos y todas. Es a través de esta óptica que se tiene que analizar el Tratado Internacional para Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA), para entender qué está en juego y qué posiciones se deben fijar.
El Tratado Internacional para Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación
En primer lugar, es necesario ubicar el Tratado en su contexto histórico, en la historia de intentos de despojarnos de nuestras semillas. Nos queda claro que la industria y la mayoría de los gobiernos utilizan el Tratado para legitimar el acceso de la industria a las semillas campesinas guardadas en distintas colecciones mundiales. El Tratado reconoce y legitima la propiedad industrial sobre las semillas, justificando el despojo y el monopolio. En el Tratado, el lenguaje florido sobre los derechos de los agricultores deja en manos de los estados la responsabilidad de su aplicación, pero sin embargo los estados no la aplican. Vemos el hecho de mencionar estos derechos como un intento de protegerse contras nuestras posibles protestas y denuncias.
El resultado es un tratado que legitima las leyes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en cuanto a los derechos de propiedad industrial; por ende, es legalmente vinculante en cuanto a los derechos de propiedad industrial y los derechos de los fitomejoradores, pero permite a los estados no respetar los derechos de los agricultores, aunque utilice un lenguaje bonito. Es un tratado contradictorio y ambiguo, un tratado que en la práctica toma el lado del despojo.
Sin embargo, esto no significa que todo esté perdido. El Tratado podría ser acogido, desde el punto de vista campesino, pero las correcciones deben ser mayores y son urgentes. Por ende, La Vía Campesina afirma que:
No podemos conservar la biodiversidad y alimentar al mundo y mientras que nuestros derechos de sembrar, guardar, intercambiar y vender nuestras semillas sean criminalizados a través de leyes que legalizan la privatización y comercialización de las semillas. El Tratado de la Semillas es el único tratado existente hasta la fecha que contempla los derechos campesinos, pero los estados no respetan estos derechos, mientras que sí respetan el derecho de propiedad industrial. Por eso, el Tratado debe dar prioridad a los derechos campesinos y éstos deben ser vinculantes. Deben ser aplicados en cada uno de los 127 países que ratificaron el Tratado.
El Tratado mismo va en contra de los derechos campesinos cuando promueve las patentes y otras formas de propiedad industrial sobre las semillas. El Tratado debe prohibir toda forma de patente; protección de variedades y sus regalías sobre semillas que se reproducen los campos; así como toda otra forma de propiedad industrial sobre los seres vivos.
La industria ha adquirido una inmensa deuda por apropiarse de nuestras semillas y por destruir la biodiversidad cultivada para reemplazarla por algunas variedades manipuladas. La industria debe pagar esta antigua deuda, pero esto no le da de ninguna forma el derecho de continuar apropiándose de las semillas. La industria debe pagar y también dejar de apropiarse de nuestras semillas y destruir la biodiversidad.
El Tratado propone el "reparto de los beneficios" de los derechos de propiedad industrial que reconoce. Estos "beneficios" son resultado del despojo de nuestras semillas campesinas. Nosotros no queremos participar del robo de nuestras semillas, rehusamos el reparto de beneficios porque no queremos derechos de propiedad industrial sobre las semillas.
Exigimos políticas públicas a favor de sistemas vivos de semillas campesinas, sistemas que estén en nuestras comunidades y bajo nuestro control. Estas políticas no deben promover las semillas no reproducibles, como los híbridos, sino que deben promover semillas reproducibles y locales. Estas políticas deben prohibir los monopolios, favorecer la agroecología y el acceso a la tierra y cuidado de los suelos. Estas políticas públicas también deben favorecer la investigación participativa en los campos de los campesinos bajo control de sus organizaciones y no de la industria. Hacemos un llamamiento a nuestras comunidades para seguir conservando con cuidado, proteger, desarrollar y compartir nuestras semillas campesinas: esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma de preservar la biodiversidad.
Los bancos centralizados de semillas no responden a las necesidades campesinas. Son museos de semillas para el beneficio de corporaciones biopiratas. Además en esos bancos nuestras semillas están amenazadas por contaminaciones genéticas y por los derechos de propiedad industrial. No podemos confiar en los gobiernos y el tratado para conservarlas. Nos negamos a entregar nuestras semillas a los bancos de genes del sistema multilateral y de la industria mientras siga habiendo patentes sobre las plantas, sus genes o sus partes, u otro tipo de sistemas de derecho de propiedad industrial como la protección de obtenciones vegetales que exigen regalías sobre semillas reproducidas en los campos, mientras los transgénicos continúen existiendo.
La privatización de semillas es una amenaza seria para nuestras semillas campesinas en África, Asia y América Latina. Pero en algunos de nuestros países, sobre todo en Europa y América del Norte, el monopolio comercial de las semillas de la industria ya ha hecho desaparecer a la mayoría de nuestras variedades locales. En estos países ya no podemos llevar a cabo nuestra selección campesina utilizando las variedades disponibles comercialmente, porque fueron manipuladas para no crecer bien sin muchos insumos químicos o procesos industriales. Han perdido mucho de su valor nutricional y con más y más frecuencia semillas transgénicas. No podemos seleccionar nuestras nuevas variedades campesinas en base a las semillas de nuestros padres que se encuentran encerradas en bancos de genes. Exigimos acceso sin condiciones a las colecciones de semillas del sistema multilateral porque son nuestras semillas las que están guardadas en él.
Nosotros campesinos y campesinas guardamos nuestras semillas en primer lugar en nuestros campos pero también en graneros y casas de semillas campesinas y en sistemas campesinos locales que constituyen también pequeñas colecciones "ex situ". Ponemos estas colecciones "ex situ" lo más cerca posible a nuestros campos para que los campesinos mantengan control, responsabilidad y acceso a ellas. Para tomar el lenguaje del Tratado, nosotros los campesinos construimos nuestro propio "sistema multilateral". Esta es la base en la que podemos colaborar con el Tratado, recordándole que él no es el único que organiza la conservación de semillas. Si el Tratado quiere colaborar con nosotros, debe respetar nuestras condiciones y nuestros derechos y prohibir los derechos de propiedad industrial y los transgénicos.
Ya que el proceso del Tratado se lleva a cabo dentro de las Naciones Unidas, son los estados quienes adquieren responsabilidades frente a los sistemas de semillas campesinas. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio hace que los derechos de los fitomejoradores sean vinculantes, mientras que los derechos de los campesinos no son respetados. Exigimos que los derechos de los agricultores sean vinculantes y los derechos de los fitomejoradores sean subordinados a ellos. Esto necesariamente significa derogar las leyes actuales que comercializan las semillas y niegan los derechos de los campesinos. Exigimos la ratificación de leyes nacionales que reconozcan los derechos de los agricultores. La Vía Campesina hace un llamado para la pronta aprobación y ratificación de una convención de derechos campesinos dentro de las Naciones Unidas. Agricultura y semillas fuera de la OMC y los tratados de libre comercio.
La agricultura campesina puede alimentar el mundo
El Tratado es parte de una serie de desafíos a los pueblos campesinos e indígenas a los que nos estamos enfrentando hoy en día. El Proceso Río+20 lleva a un enfrentamiento claro entre un capitalismo disfrazado de verde y la agricultura campesina, la agroecología y nuestras semillas campesinas. La Vía Campesina actuará para defender la agroecología y las semillas campesinas que representan la esperanza para el futuro de la humanidad. Como hemos demostrado, la agricultura campesina sostenible contribuye a enfriar el planeta y puede alimentar al mundo.
Si los estados se comprometen a reformar el Tratado, defendiendo activa y efectivamente los derechos de los agricultores, estamos dispuestos a colaborar en el Tratado, incluso dentro de mecanismos de un comité paralelo basado en el modelo del del Comité de Seguridad Alimentaria que acompaña al proceso de la FAO en Roma. Pero no vamos a abrir la puerta a una colaboración con el Tratado que nos va a enfrascar en interminables discusiones mientras que los transgénicos, los híbridos y los derechos de propiedad industrial nos despojan de nuestros campos. Cualquiera que sea la decisión del Tratado de reconocer o no a aquellos que somos los guardianes de la biodiversidad, continuaremos trabajando dentro de nuestros propios sistemas campesinos de semillas, los cuales han en el pasado y continuarán en el futuro asegurado la biodiversidad y alimentado a la humanidad. De esta forma, estamos guardando las semillas no solo para nosotros sino también para nuestros hijos: Las semillas campesinas son patrimonio de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas al servicio de la humanidad."
fuente: www.biodiversidadla.org

lunes, mayo 16, 2011

ODEPA CON ESQUIZOFRENIA: alaba crecimiento orgánico y anuncia aprobación proyecto OGMs

Fui a la fuente del estudio de ODEPA "¿Qué, cuánto y dónde se produce orgánicamente en Chile?" en www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/Mercados/mar-11.pdf

que cita hoy domingo La Tercera con comentarios de Gustavo Rojas, director de esa entidad, sobre la producción orgánica en Chile.
Hay información importante: por primera vez se puede demostrar oficialmente una tendencia: la agricultura orgánica goza de buena salud, está creciendo. Se compara por primera vez la producción de dos temporadas seguidas, la de 2008 y la de 2009, y se vé el aumento en la mayor parte de los cultivos. (Al revés, la cantidad de hectáreas de cultivos transgénicos bajó en la misma temporada, según SAG).
La superficie certificada con cultivos orgánicos durante la temporada 2009-2010 aumentó en 1.327 ha, 10,6% mayor con respecto a la temporada anterior (ODEPA) alcanzando 150.784 hectáreas en total. El aumento más importante se da en la superficie de uva vinífera orgánica, que sube un 31%, pasando de 2.946 ha a 3.859 ha, con un incremento de más de 900 ha. Se inició la producción de cereales orgánicos y creció mucho la de berries. Su informe (firmado por Pilar Eguillot) concluye que este aumento se debe a que hay una creciente demanda por estos productos sanos. Ratifican lo que ya sabíamos: que la región de Biobio tiene por lejos la mayor superficie de cultivos orgánicos del país (129.326 hectáreas con más del 72% del total de cultivos orgánicos), seguida a mucha distancia por la región del Maule (14.167 hectáreas con algo más del 9% del total de la superficie de cultivos orgánicos).
Pero la esquizofrenia del gobierno de Sebastián Piñera está en que no usa esos datos para llegar a la lógica conclusión de que hay que jugarse por la agricultura orgánica y agroecológica. No. El documento concluye señalando textualmente que habará que observar ahora lo que pasa frente a : ...la inminente aprobación del proyecto de ley sobre VGMs...que pondrá a prueba la coexistencia de las
alternativas productivas en el país."
Ni una palabra sobre los riesgos de esa puesta a prueba y lo que ha pasado en México y sobre todo en España con la "coexistencia" entre ambos cultivos. Ahí sólo en términos económicos (sin siquiera hablar del costo para el medio ambiente y la sociedad) han perdido claramente los productores orgánicos y los convencionales, debido a la contaminación, a la pérdida de mercados, a los nuevos costos que han tenido que pagar por certificación para demostrar que no están contaminados, debido a las demandas judiciales, entre otros problemas.
¿Qué tipo de pruebas quiere el gobierno para entender que con esta ley sólo ganan las transnacionales como Monsanto, Dupont/Pioneer o Bayer?
¿Cómo pueden pretender que alguien crea que también apoyan a los agricultores orgánicos y cómo pueden propiciar campañas en favor de comida sana mientras preparan el plato más tóxico en el parlamento?
¿Cómo pueden al mismo tiempo felicitarse del aumento de producción de uva orgánica y de la tendencia que marcan las viñas en ese sentido, y presentar como un gran logro del país (en marzo de este año) la uva transgénica?
El Ministro Galilea debiera pedirle una interconsulta al ministro Mañalich.

domingo, mayo 15, 2011

Paulina Rubilar de Conce: "me dispararon en pleno rostro a vista de cientos de personas"

Desmiente a comandante Luis Humeres subprefecto de Concepción.


1. ME ESPERABA QUE DISPARARAN¡¡¡TAMBIÉN QUE LO NEGARAN!!!

A mi familia y amigos. A los trabajadores y obreros. A los estudiantes de Chile

Ante los hechos ocurridos el día jueves 12 del presente mes dentro de la Universidad de Concepción, declaro lo siguiente:

Luego de participar en la marcha estudiantil convocada a nivel nacional y de ejercer mi derecho a manifestarme pacíficamente por lo que considero justo, y ser blanco en reiteradas ocasiones de la injustificada prepotencia policial, me dirigí rumbo a la universidad a buscar mi bicicleta, ya que la dejé amarrada, para mayor seguridad, frente al edificio Virginio Gomez.

A los pocos minutos de encontrarme dentro del campus, las Fuerzas Especiales de Carabineros hacen ingreso DE FORMA ILEGAL, agrediendo de manera desproporcionada, no discriminando entre personas naturales o estudiantes, recurriendo al carro lanza agua, el zorrillo y, en un primer momento, a unas pequeñas descargas de gases lacrimógenos. Pasados los minutos, y al vernos acorralados por las fuerzas especiales, se inicia una persecución dentro del campus, donde fuimos perseguidos, tal presa, por carabineros, los cuales, sin mediar provocación de nuestra parte, hacían gala de “ser del débil el protector”, intentando atropellar a compañeros con sus carros, mojando a destajo a cualquiera que se interpusiera en su camino y aumentando de manera brutal los disparos de gases lacrimógenos. Dada esta última situación de peligro, es que logro retirar mi bicicleta, y junto a amigos y compañeros, busco un lugar seguro para refugiarme de los ataques de carabineros, siéndome imposible encontrarlo, ya que la universidad estaba invadida por estos y por sus bombas.

Es en medio de estos acontecimientos de DESCONTROL POLICIAL, cuando decido salir por una vía alternativa (un costado de la plaza del estudiante). Justo en ese momento, un piquete de fuerzas especiales se dirige directamente hacia mí, se detiene a una distancia de no más de veinte metros, se agrupa, y un efectivo me apunta directamente con la escopeta, disparándome en pleno rostro. Caigo de mi bicicleta, toco mi rostro y palpo la sangre que comienza a salir de mi ojo derecho, escucho como carabineros se mofan de mí, y acto seguido, viendo mi condición de herida, pasan de largo ignorándome, todo esto a vista de cientos de personas que estaban en el lugar.

Contrario a lo que dicen las absurdas tesis de los “expertos peritos” mediáticos, la bomba no quemó mi rostro, ya que esta, al impactarme, rebotó inmediatamente en mi bufanda, la cual llevaba en mi cuello como se puede apreciar en las fotografías. La bomba me impacta, golpea mi pómulo y parte de mi ojo, y rebota inmediatamente, cayendo al suelo en fracciones de segundos.

En ese preciso instante, Carabineros comienza a disparar al cuerpo, al azar. Un compañero, tratando de evitar una bomba que venía directo hacia él, cae desde el foro de la universidad, y se fractura su tobillo.

Mis amigos logran tranquilizarme, me prestan los primeros auxilios y me llevan entre una lluvia de bombas lacrimógenas que caen sobre nosotros, de urgencia al hospital.

Quiero comunicarles a todos ustedes, que después de esto, cinco efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros se hicieron presentes en la sala de urgencia del hospital, custodiándome y, cuando se les preguntó sobre lo ocurrido, manifestaron su total desconocimiento de los hechos, siendo ellos mismos los que habían participado escasas horas atrás del operativo que casi me deja sin visión.

Por suerte, el cobarde disparo no me dejó sin mi ojo, pero fracturó mi pómulo de manera profunda, y me otorgó un hematoma con contusiones oculares graves, que aún no tiene un diagnóstico certero.

Hoy, viernes trece de mayo, me entero, con menos sorpresa que otra cosa, que Carabineros afirma oficialmente que mis lesiones son a causa de una pedrada y, si esto fuese poco, que yo les otorgué una declaración donde, según ellos, “estaba todo claro”, cosa muy poco probable, ya que en mi actual condición me es imposible hablar de manera fluida, y cuando llegué a urgencias, NUNCA FIRMÉ NI OTORGUÉ DECLARACIÓN ALGUNA, ya que el dolor me lo impedía. Por todas estas situaciones he optado por no dar una declaración hasta ahora, consultándolo, con la mente fría, con mi familia, pareja y familiares, permitiendo el correcto funcionamiento de los abogados que me apoyan, los cuales, en este momento, juntan evidencia.

A través de esta declaración pública emplazo al comandante Luis Humeres, subprefecto de Concepción, que señala que el mayor de la 1ª Comisaría se entrevistó conmigo, a que se desmienta sus dichos, ya que, de manera alguna, un interrogatorio a la fuerza, dentro de un box de urgencias, con mi rostro ensangrentado y lleno de dolor, se puede considerar un entrevista, menos si ni siquiera sabía con quién estaba hablando en aquellos momentos, y si esos “supuestos dichos” de mi estado de salud, constituían una declaración.

DESMIENTO, DE MANERA ROTUNDA, TODO LO DICHO HASTA ESTE MINUTO POR CARABINEROS, fueron ellos, y no otra cosa, los que dispararon sobre mí, los que me apuntaron, se burlaron y me abandonaron sin prestarme auxilio, una constante habitual en su accionar de delincuentes con uniformes.

Repudio y condeno la represión institucional y toda su sucia lista de mártires e injusticias. Larga es la lista en esta larga e interminable historia, pero también largos e infinitos son nuestros sueños de algo nuevo y mejor, de una sociedad más justa e inclusiva, de una educación de calidad, igualitaria y realmente enriquecedora. ¿Quién nos protege de nuestros supuestos protectores?

Lejos de desanimarme, esto me anima mucho más para hacer justicia y para luchar por los justos derechos de los estudiantes. Sepan que NO DESCANSAREMOS hasta que los culpables paguen, de una u otra forma. No nos daremos por vencidos, nuestras evidencias son claras, sólidas y concluyentes, no nos sentimos atemorizados de ninguna manera.

Repudio y seguiré repudiando el actuar impune y delictivo de Carabineros, y del Estado chileno, que avala estas practicas ilegales e inconstitucionales, en pos de la mal llamada paz ciudadana.

No me queda más que agradecerles a todos por su apoyo y preocupación, los tengo en mi corazón.

A los estudiantes y obreros de Chile, les envío toda mi fuerza y convicciones, y los animo a seguir dando la pelea contra esta bestia mediática que planea su nuevo golpe en Aysén y en todo Chile. Los llamo a creer, a ser fuertes, a persistir. Ganaremos, como sea, pero ganaremos.

Paulina Alejandra Rubilar Méndez

Mujer, Estudiante y Militante de la vida feliz

Hospital Regional De Concepción

14 de Mayo 2011

sábado, mayo 14, 2011

Convenio UPOV 91: texto oficial en link de sus autores y opiniones de organizaciones indígenas y Terram

upov.int/es/publications/conventions/1991/act1991.htm
www.upov.int/es/publications/conventions/1991/act1991.htm

Me habían pedido publicar esto. Aquí va...
Este lenguaje sólo lo entienden ellos, está escrito en forma críptica.

Red Legislativa Indigena y De Politicas Publicas Reprocha Al Congreso Nacional La Ausencia De Consulta Indigena Por Proyecto De Apropiacion De Variedades Vegetales.

La Red Legislativa Indígena y de Políticas Publicas (RLIPP) denunció que “el Congreso nacional nuevamente esta aprobando normas de naturaleza legal sin consultar a los pueblos indígenas, esta vez, el Convenio UPOV – 91, que permitirá que las transnacionales se apropien de nuestros vegetales y hierbas medicinales para después cobrarnos royalties por lo mismo que hemos plantado y sembrado por miles de años”.

Red Legislativa Indigena Y De Politicas Publicas Reprocha Al Congreso Nacional La Ausencia De Consulta Indigena Por Proyecto De Apropiacion De Variedades Vegetales.

Para la Red, “el Convenio UPOV viene a reforzar un régimen de propiedad leonina y abusiva sobre plantas y variedades vegetales que no se pueden patentar, pero que se pueden apropiar vía los denominados derechos del obtentor vegetal. No entendemos como un Convenio Internacional, que se tramita como ley, y que tiene efectos tan graves en los pueblos indígenas, no es consultado como lo dice el Convenio 169”

La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales. Es el colmo, como el Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”

La Red argumento que “por ejemplo, el artículo 14 número 2) del Convenio UPOV 91 señala que se requerirá la autorización del obtentor o dueño, es decir, la transnacional, para la reproducción y la posesión del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, es decir, ahora las empresas extranjeras serán dueñas de las cosechas. La experta Flavio Liberona, de la Fundacion Terram advirtió que lo anterior pone en riesgo a la agricultura familiar campesina e indígena, y también sus usos tradicionales, puesto que las variedades que han sido desarrolladas por dichas comunidades podrían ser registradas por otros y de este modo prohibirles su uso”

Asimismo, señalaron que “el Convenio UPOV 91 renuncia a la soberanía de Chile como país, pues en el articulo 10 se dispone que el Estado no podrá negarse a la concesión de un derecho de obtentor o limitar su duración, argumentando que la protección para la misma variedad no ha sido solicitada, o que ésta ha sido denegada o que ha expirado en otro Estado o en otra organización internacional. La misma Fundacion Terram señalo que con ello se desprotege a los pequeños campesinos y comunidades indígenas que han desarrollado variedades para su uso, ya que las variedades podrían ser inscritas por cualquiera persona, sin respetar los derechos del verdadero obtentor”

Los indígenas señalan que “el gobierno ha reconocido que de las 700 variedades vegetales chilenas apropiadas en Chile, 615 están en manos de transnacionales. Durante la tramitación del Convenio, el Ministro de Agricultura José Antonio Galilea señalo que modificaran la ley vigente luego de la aprobación del tratado para permitir que los agricultores pequeños puedan guardar algo de lo apropiado por las transnacionales para autoconsumo. ¿Y de que vivirán las comunidades indígenas, del autoconsumo? Esto para nosotros no representa seguridad alguna, pues son meras palabras del ministro. Luego lo cambian y llega otro Ministro que hará algo distinto. Ya estamos cansados de mentiras. Por eso queremos consulta, amparada por el Convenio 169 de la OIT y supervisada por la OIT y la ONU”

Los indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es un peligro, que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos cultivado por miles de años, que hemos intervenido a través de cruzas de cepas vegetales, que hemos cuidado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continua viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.

La Red, pide al senador Guido Girardi, Presidente del Senado, que “haga las gestiones como jefe del poder legislativo para implementar de manera urgente la consulta indígena para todos los proyectos de ley que usurpan el patrimonio ancestral de los pueblos indígenas”

RED LEGISLATIVA INDIGENA Y DE POLITICAS PUBLICAS

ARIEL LEON BACIAN

PRESIDENTE DE LA CORPORACION AYMARA JACH-A MARKA ARU

FRANCISCO VERA MILLAQUEN

WERKEN DE LA COMUNIDAD HUILLICHE PEPIUKELEN

RAFAEL TUKI TEPANO

CONSEJERO INDIGENA POR EL PUEBLO RAPA NUI ANTE CONADI
Aquí planteamientos de Terram cuando Flavia Liberona asistió a la Comisión de AGricultura del Senado:
A continuación, la Directora Ejecutiva de la Fundación Terram, señora Flavia Liberona,

En relación al Acta de UPOV 1991, formuló las siguientes observaciones:

1.- No todos los países que han suscrito a UPOV 1978 han adherido a UPOV 1991 y mencionó como ejemplo a: Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Francia, Irlanda, Italia, México, Noruega, Paraguay, Portugal y Uruguay.

2.- La gran diferencia entre UPOV 1978 y 1991 radica en que esta última estipula que se requiere la autorización del obtentor para la producción o reproducción de semillas para cualquier otro fin. En su opinión este punto restringiría el llamado privilegio del agricultor.

3.- El artículo 7° del Convenio UPOV 1991 establece que se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. Al respecto, observó que un campesino difícilmente podrá conocer si una variedad es notoriamente conocida o si ésta pertenece a un obtentor.

4.- El artículo 10 número 3) que señala que ninguna Parte podrá denegar la concesión de un derecho de obtentor o limitar su duración, argumentando que la protección para la misma variedad no ha sido solicitada, o que ésta ha sido denegada o que ha expirado en otro Estado o en otra organización internacional. Sobre esta norma, reparó que desprotege a los pequeños campesinos y comunidades indígenas que han desarrollado variedades para su uso, ya que las variedades podrían ser inscritas por cualquiera persona, sin respetar los derechos del verdadero obtentor.

5.- El artículo 14 número 1) referido al alcance del derecho de obtentor establece que se requerirá la autorización del obtentor para los actos de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida que involucren: la producción o su reproducción, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación y la posesión de la variedad con fines de reproducirla o de importarla. Cabe señalar que este artículo faculta al obtentor a subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones. Sobre el particular, alertó que con esta norma se estaría prohibiendo a los campesinos a guardar el producto de sus cosechas con fines reproductivos.

6.- El artículo 14 número 2) señala que también se requerirá la autorización del obtentor para la reproducción y la posesión del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por la utilización no autorizada del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. Al respecto, comentó que este artículo pone en riesgo a la agricultura familiar campesina e indígena, y también sus usos tradicionales, puesto que las variedades que han sido desarrolladas por dichas comunidades podrían ser registradas por otros y de este modo prohibirles su uso.

7- El artículo 15 número 2) consagra que cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar con fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación. Explicó que este artículo permite establecer excepciones o salvaguardias, las cuales permitirían proteger en algún grado a la agricultura familiar campesina y a los usos tradicionales.

8.- Los conceptos y contenidos de las Actas UPOV son poco conocidos por la sociedad civil, por las organizaciones campesinas y por las entidades académicas, porque no se ha realizado un proceso transparente y participativo para su divulgación, en consonancia con el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, los Convenios UPOV 1978 y 1991, la Convención de Biodiversidad, y el Convenio N° 169 de la OIT.

9.- Necesidad de realizar un análisis comparativo entre los Convenios UPOV 1978 y UPOV 1991, identificando: los cambios entre uno y otro, y como éstos podrían afectar a los pequeños campesinos y comunidades indígenas; la incorporación de nuevas restricciones, y las formas bajo las cuales se podría brindar una adecuada protección a la biodiversidad del país, incluyendo las especies vegetales chilenas y la biodiversidad agrícola, en el marco de esta nueva legislación. Asimismo, realizar un estudio comparativo entre la ley N° 19.342 y el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales.

10.- Realizar un análisis de la Convención de Biodiversidad, suscrito por Chile en 1994, en relación a la protección de las especies nativas, especies y variedades vegetales usadas tradicionalmente por campesinos y comunidades indígenas con fines agrícolas, medicinales, rituales u otros, detectando sus posibles puntos de conflicto con el Convenio UPOV 1991.

11.- Finalmente la señora Liberona instó a instalar los conceptos de derechos, usos tradicionales y de bien común, asegurando la protección de las prácticas tradicionales y de los recursos vegetales nativos, y promover una ley de protección de la biodiversidad o de los recursos fitogenéticos.

A continuación, el señor Ministro de Agricultura, don José Antonio Galilea, informó que este proyecto de acuerdo, al igual que la iniciativa legal que busca regular los derechos sobre las obtenciones vegetales, fueron presentados durante el Gobierno anterior y que esta nueva Administración asumió la necesidad continuar con su tramitación, especialmente porque ambos dan cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país en los Tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos, Japón y Australia, lo que en su opinión constituye un elemento más que suficiente para aprobarlos.

miércoles, mayo 11, 2011

Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena




Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio UPOV 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa. Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
Indignación campesina e indígena
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysen, RAPAL, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, OLCA, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores. Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales…El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”. Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del consejo Nacional Aymara, la alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur. Los indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continua viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.
Violación de un derecho humano
La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de ANAMURI: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”
Los amigos de Monsanto
La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos Tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV '78 y no al '91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que "afectará a los productores agrícolas nacionales". También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, "para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta".
El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.
UPOV y lobby empresarial
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.

martes, mayo 10, 2011

En Ñuñoa: presentación de "La Semilla Campesina en Peligro"


El sábado 14 de mayo, a las 18 horas, en Chile España 555 (comuna de Ñuñoa) estaré presentando "Chile: la Semilla Campesina en peligro", invitada por la organización de mujeres Tun (Arte Sano). Habrá música y mucha conversación.
Para colaborar con las compañeras mapuche de comunidades, se pide llevar un alimento no perecible.

miércoles, mayo 04, 2011

Comisión Etica Contra la Tortura respalda a Padre Baeza y califica como inaceptables los dichos de senador Chadwick sobre el sacerdote defensor de los ddhh


La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) se dirige a la opinión pública en defensa y reconocimiento de la persona del Presbítero Alfonso Baeza, ex Vicario de Pastoral Social e integrante del Consejo Consultivo de la CECT, tras las palabras emitidas por el senador Andrés Chadwick en relación al desarrollo del “Caso Bombas”:
1º El padre Alfonso Baeza ha sido un incondicional defensor de los derechos humanos y, en tal condición, ha acompañado a las familias de los acusados de asociación ilícita terrorista y a los mismos acusados en el llamado “Caso Bombas”, quienes han permanecido recluidos en la Cárcel de Máxima Seguridad durante más de ocho meses.
2º En conferencia de prensa, el padre Baeza instó al gobierno a pedir perdón a los jóvenes encarcelados “por haberles calificado de terroristas sin haberles juzgado, y de haber hecho un montaje fuerte para justificar todas estas medidas carcelarias a las que están sujetos”.
3º El senador Andrés Chadwick (UDI), se refirió al padre Baeza diciendo que “siempre ha defendido a extremistas, terroristas y violentistas” (…) por lo que “pone en duda que acá (en Chile) hay Estado de Derecho”. Estos términos son inaceptables e impropios de un representante público.
4º Es válido explicitar que el trasfondo del “Caso Bombas”, así como la situación que padecen los presos políticos mapuche y otros casos similares, radica en la aplicación de la ley 18.314, Ley de Conductas Terroristas (Ley Antiterrorista), promulgada en dictadura, en 1984, y que establece tipos penales muy amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada tienen que ver con terrorismo, no garantiza el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos, así como la existencia de testigos encubiertos, impide la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, aplica elevada penalidad y duplica en varios casos lo establecido en la legislación ordinaria. Además, otorga facultades a los fiscales para incomunicar, detener hasta por 10 días antes de formalizar (en lugar de 12 a 24 horas), e interceptar comunicaciones.
5º En el marco descrito, la actuación y las declaraciones del padre Alfonso Baeza se orientan hacia la búsqueda de Verdad y de Justicia, valores que la aplicación de la Ley Antiterrorista impide realizar, porque dicha norma es atentatoria a la dignidad de la persona humana que, cualesquiera sea la circunstancia de delito o sospecha de haberlo cometido, merece un juicio justo. Porque “sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder, con efectos disgregadores sobre la sociedad”. (Benedicto XVI, “Caritas in Veritate”, Nº 6).
6º Una misión de Observadores integrada por la Comisión Etica Contra la Tortura, ha comprobado que los acusados del “Caso Bombas” están detenidos en condiciones que atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, han sido sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, siendo víctimas de acusaciones falsas después de haber sido detenidos en forma violenta, a lo que se suma el haber sido estigmatizados por las autoridades a través de la prensa, lo que constituye una condena previa al juicio. Es ésta una situación que repugna a toda conciencia digna.

En consecuencia, el padre Baeza “ha buscado lo que es justo y bueno”, interpretando los datos de la experiencia para discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. (Cfr: Catecismo de la Iglesia Católica, 1786 ss).
7º La Comisión Etica contra la Tortura expresa su reconocimiento al padre Alfonso Baeza y agradece su testimonio de auténtico sacerdote, cuya actuación emana de la Palabra de Dios, expresada en obras de justicia. Por otra parte, es válido recordar al senador Chadwick en su calidad de católico y de representante de un partido político y de un sector social autodenominados defensores de altos valores de la humanidad, que “la función de la Iglesia, hoy, mediante su Magisterio, es aquella de orientar y estimular positivamente hacia la afirmación concreta de los valores inalienables de la persona en las estructuras de la comunidad política; ser indicación segura de lo que en la realidad humana, individual o colectiva, es esencia y por lo mismo fundamento irrenunciable de los derechos del hombre”.(La Iglesia y los derechos hombre. Comisión Pontificia Justitia et Pax, Nº 35, Roma, 10 de diciembre de 1974).

Comisión Ética Contra la Tortura


Santiago de Chile, 4 de Mayo 2011

martes, mayo 03, 2011

ANAMURI sobre Convenio UPOV 91 y posición de MUCECH


Con sorpresa no hemos enterado a través de una nota de prensa del Senado que el compañero Orlando Contreras, en su calidad de vicepresidente del MUCECH, habría entregado su apoyo a la incorporación de Chile al Convenio UPOV 91, convenio, que agrede gravemente el derecho de los campesinos y agricultores al libre uso, intercambio y selección de sus semillas. De acuerdo al boletín de prensa del Senado, el compañero Contreras habría dicho: "existen algunos agricultores que son estafados con las semillas de baja calidad o seudo certificadas y necesitamos certeza jurídica de esa certificación y el convenio UPOV ´91 viene a responder esa necesidad. Hoy la agricultura ha cambiado y el clima también, y se requieren más variedades de semillas resistentes a la sequía y al cambio climático".
Tan grave afirmación nos lleva a pensar que el MUCECH no ha analizado en profundidad la gravedad que reviste la posible adhesión de Chile al convenio UPOV 91, creemos necesario aclarar lo siguiente:

• el Convenio UPOV 91 es un convenio que privatiza las semillas y otorga amplios poderes a las empresas semilleras para monopolizar la comercialización, importación y exportación de semillas. Obliga a los agricultores a comprar semillas todos los años y permite la confiscación de la cosecha, los cultivos y las plantaciones de quienes no lo hagan así.
• La aplicación del Convenio UPOV no garantiza en momento alguno la calidad de semillas a la venta. Las normas del convenio no exigen que las semillas sean mejores que las ya existentes (como lo hacían las antiguas leyes de certificación), ni siquiera exige que sean útiles. Si por alguna razón comercial alguna empresa considera adecuado introducir una variedad peor que todas las anteriormente existentes en el mercado, no habrá nada en el Convenio UPOV que lo impida o que exija a las empresas semilleras informar al respecto.
• El Convenio UPOV tampoco garantiza el acceso a nuevas semillas. Por el contrario, otorga a las empresas semilleras poder para prohibir el ingreso de determinadas variedades al país. Es decir, si una empresa semilleras tiene razones económicas para impedir que en Chile se cultive alguna de sus variedades, podrá inscribirla en los registros del Convenio e impedir su ingreso al país durante por lo menos 20 años.
• Ha sido demostrado científicamente que la resistencia a la sequía y a condiciones ambientales perjudiciales -por cambio climático u otros eventos- está mayormente asociada a la diversidad genética propia de las variedades campesinas y locales. Las variedades comerciales que promueve el Convenio UPOV son altamente homogéneas y por tanto altamente susceptibles a la sequía, a plagas y enfermedades y a condiciones ambientales inadecuadas. Para contar con variedades resistentes al cambio climático, Chile necesita proteger las semillas y la agricultura campesinas, que históricamente han sido y siguen siendo la fuente que alimenta los programas de mejoramiento genético.

Por estas y otras características, ANAMURI, RANQUIL, LOS PRODUCTORES ORGANICOS, EL OBISPO DE AYSEN, RAPÀL, LA ALINZA POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, GRAIN, OLCA, TERRAM, CHILE SUSTENTABLE y diversas organizaciones regionales y locales QUE expresamos ante la Comisión de Agricultura de la cámara de Diputados y posteriormente en la comisión de Agricultura del Senado, nuestro rechazo a que Chile adhiera al Convenio UPOV 91

Estableciendo que la adhesión al Convenio UPOV 91, así como los diversos proyectos de ley sobre semillas, propiedad intelectual y transgénicos, pueden tener impactos sociales, ambientales, productivos y económicos tan serios, que Gobierno y Parlamento deben hacer esfuerzos especiales por abrir y profundizar la discusión aún más antes de tomar cualquier decisión.

DIRECTORIO NACIONAL ANAMURI
Santiago de Chile, 3 de mayo de 2011

En Ovalle y La Serena: "Chile, la Semilla Campesina en Peligro"

El sábado 7 de mayo estaré a las 11.30 AM en la Casa del Comunero, en Ovalle, conversando con la comunidad de la zona sobre mi libro "Chile:la Semilla Campesina en Peligro",de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, editado por OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Y esa misma tarde, a partir de las 17 horas participaré en la Asamblea Ciudadana de la Red Ambiental del Norte con el mismo objetivo. La semilla campesina versus la semilla transgénica y las leyes que se tramitan en el Parlamento respecto de este tema serán el eje de la conversación.